Los activistas de Uganda ultiman un recurso para derogar la draconiana ley antigay
Grupos de la sociedad civil de Uganda se reunirán esta semana con jueces del Tribunal Constitucional para intentar revocar la ley más dura del mundo contra la comunidad LGBTQ+.
La ley, que recibió un apoyo abrumador de los diputados cuando se aprobó en marzo, impone la pena de muerte y cadena perpetua para determinados actos homosexuales.
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Los activistas comparecerán ante el tribunal el lunes para ultimar su recurso antes de que se fije la fecha para una vista completa a finales de este mes.
Clare Byarugaba, defensora del colectivo LGBTQ+ de Chapter Four, una organización ugandesa de defensa de las libertades civiles, declaró: "Impugnamos la ley contra la homosexualidad porque no pasa ninguna prueba de fuego constitucional, y ganaremos, porque una ley tan aborrecible cuyo único objetivo es difundir el odio e institucionalizar la discriminación y la exclusión no pertenece a los libros de leyes de Uganda y nunca debería haberse promulgado en primer lugar".
Steven Kabuye, activista por los derechos de los homosexuales y codirector ejecutivo de Truth to LGBTQ, afirmó: "Ahora depende de los jueces del Tribunal Constitucional demostrar su compromiso con la protección de los derechos de todos los ugandeses".
La ley ha suscitado numerosas críticas internacionales.
La semana pasada, Estados Unidos impuso restricciones de visado a cientos de legisladores ugandeses y sus familias por su implicación en la promulgación de la ley. No se dio a conocer el nombre de ninguna persona.
"Estados Unidos apoya al pueblo ugandés y mantiene su compromiso de trabajar juntos para hacer avanzar la democracia, los derechos humanos, la salud pública y la prosperidad mutua", declaró el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.
"Una vez más, animo encarecidamente al gobierno de Uganda a realizar esfuerzos concertados para defender la democracia y respetar y proteger los derechos humanos, de modo que podamos mantener la asociación entre nuestros países, que dura ya décadas y que ha beneficiado tanto a estadounidenses como a ugandeses."
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó al comisario de prisiones de Uganda, Johnson Byabashaija, por las presuntas torturas y violaciones de los derechos humanos de reclusos LGBTQ+ en los centros penitenciarios del país.
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, rechazó las restricciones estadounidenses. En la oración nacional de acción de gracias de fin de año, celebrada el viernes en la Casa de Estado, dijo: "No os dejéis intimidar por todos esos tipos. Si hay alguien que no quiere respetar nuestra soberanía, rezamos por él, puede irse. Tenemos capacidad, no nos falta de nada, la economía está creciendo, así que podremos mantenernos".
Anteriormente, la presidenta del parlamento ugandés, Anita Annet Among, había instado a diputados y funcionarios a hacer caso omiso de las restricciones.
"La lista negra de la que hablan, no les importa, no se preocupen por eso. Tenéis todo lo que necesitáis en este país, Uganda, mientras vuestros hijos no sean sodomizados", dijo Among a los legisladores.
"Seguiremos protegiendo a la familia, protegiendo los derechos de nuestros hijos y de nuestro país, y no viviremos de limosnas. Me han anulado el visado, ¿he muerto?", afirmó. Los visados de Among para Estados Unidos y Reino Unido se cancelaron inmediatamente cuando se promulgó la ley anti-LGBTQ+.
Chris Baryomunsi, ministro de Información y Orientación Nacional de Uganda, afirmó que "es un error que el mundo occidental señale a los ugandeses".
"Aprobamos leyes en interés de los ugandeses, no de los extranjeros. Por lo tanto, nadie va a coaccionar al parlamento o al gobierno para que empiecen a hacer leyes en interés de los extranjeros. Debemos mantenernos muy firmes", afirmó.
En respuesta, Frank Mugisha, del grupo de derechos prohibidos Sexual Minorities Uganda, tuiteó: "El Parlamento de Uganda hace mucho ruido con la ley contra la homosexualidad y calla en otros asuntos. ¿En qué beneficia esto a los ugandeses?".
Desde que se aprobó la ley, se ha intensificado la violencia y la discriminación contra los grupos LGBTQ+, según un reciente informe de la coalición Convocatoria por la Igualdad (CFE).
Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, la CFE documentó 306 violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, cometidas por agentes estatales y no estatales, todas las cuales no han sido abordadas por las autoridades.
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El informe documentaba 180 desalojos de viviendas y 176 incidentes de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos exámenes anales forzados de personas detenidas bajo custodia policial.
El Foro de Sensibilización y Promoción de los Derechos Humanos, que presta asistencia jurídica a grupos marginados, declaró que en octubre había tramitado 83 casos de personas perseguidas por su orientación sexual, frente a los 68 de septiembre.
"Instamos al tribunal a que anule la ley por motivos de fondo y declare claramente que las personas LGBTQ+ tienen los mismos derechos que todos los ugandeses a vivir sin discriminación ni violencia patrocinada por el Estado", afirmó la CFE.
"Hemos asistido a un aumento de las violaciones de derechos humanos y de los problemas de acceso a la atención sanitaria desde la promulgación de la ley antigay en Uganda", afirmó Kabuye. "A la comunidad LGBTQ+ le sigue resultando difícil acceder a una atención médica segura, ya que los trabajadores médicos la ponen en evidencia.
"Estamos presenciando más desahucios y más personas que son 'justificadas por la mafia' porque piensan que son LGBTQ, y hay que hacer más para abordar estos problemas".
