Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves no quieren legalizar el sexo gay

Las naciones insulares de Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves han optado una vez más por mantener una cruel ley de la época colonial que criminaliza la homosexualidad.

Las dos islas del Caribe oriental rechazaron los llamamientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para despenalizar las relaciones homosexuales consentidas entre adultos, que sus códigos penales siguen considerando "sodomía" y "crímenes abominables".

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El delito conlleva hasta 10 años de prisión en ambos países, mientras que San Cristóbal y Nieves incluye una pena adicional de trabajos forzados.

Aunque las leyes rara vez se aplican, tienen un impacto pernicioso en el refuerzo de los prejuicios sociales, dando efectivamente sanción social y legal al estigma, la discriminación y la violencia contra las personas LGBT+.

Se instó a ambos países a derogar las leyes tras el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un exhaustivo informe quinquenal sobre la evolución de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU.

Según Human Rights Watch, tanto el gobierno de Santa Lucía como el de San Cristóbal y Nieves se negaron obstinadamente a hacerlo.

Los homosexuales de Santa Lucía viven con miedo

Cosmos Richardson, representante de Santa Lucía ante la ONU, afirmó que la nación "seguía dedicada a mantener sus compromisos internacionales para la promoción y protección de los derechos humanos de su pueblo".

Su confianza no es compartida por Toby, un hombre gay de 38 años de Santa Lucía, que contó a Human Rights Watch que el ostracismo familiar le llevó a cinco intentos de suicidio y a abandonar su hogar.

Recordó cómo en 2016, él y su pareja fueron agredidos cuando entraban en su casa una tarde. "[Supe] que estaba motivado por el hecho de que fuéramos homosexuales porque se utilizó el término 'buller'", dijo.

"Cuando estábamos entrando en la casa, salió un coche, dos personas saltaron de él... se levantó una pistola y trataron de apretar el gatillo, pero el gatillo no funcionó. Le dije a mi novio que corriera. Me apuñalaron, varias veces, la más profunda fue debajo del ombligo. Mi novio también fue atacado con piedras".

Richard, un joven gay de 20 años que trabaja en una organización de la sociedad civil en Santa Lucía, también dijo que había recibido amenazas de muerte por Internet debido a su orientación sexual.

Habló de un aterrador ataque por parte de un grupo de hombres que lo siguieron mientras caminaba solo, gritando insultos homofóbicos y amenazando con golpearlo. En otra ocasión, iba caminando con su hermana cuando alguien gritó: "¡Oh, es gay, vamos a reventarle la cabeza, apuñalarlo y matarlo!".

"Hasta que no se despenalicen las conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, las personas LGBT+ de Santa Lucía, como Richard, seguirán sufriendo el estigma de la ley", señaló Human Rights Watch.

"A pesar del comentario de Santa Lucía de que "promoverá la cultura de la no violencia y la no discriminación de todos los ciudadanos, incluida la comunidad LGBTQI", las respuestas del gobierno a las recomendaciones sobre criminalización realizadas durante este ciclo plantean serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos y la protección y el apoyo a sus residentes LGBT."

Además de recomendar la despenalización de la homosexualidad, el informe de la ONU también instó a Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves a adoptar leyes integrales que prohíban la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual, como en la vivienda, la educación o la atención sanitaria.