El Gobierno presenta a las autonomías su estrategia LGTBI+: un pacto contra los delitos de odio y protección para los más vulnerables
El Ministerio de Igualdad ha preparado la Estrategia Estatal para la Igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+. Este lunes se ha enviado la propuesta a todas las Comunidades Autónomas. El documento establece una hoja de ruta para salvaguardar los derechos de las personas LGTBI+ en los próximos cuatro años, desarrollando mecanismos concretos para garantizar la igualdad y la protección. Esta estrategia se presenta dos años después de la aprobación de la Ley trans (la 4/2023), que obliga a implementar medidas concretas en virtud de la normativa.
El extenso texto define tres ejes estratégicos: abordar la violencia lgtbifóbica mediante la normativa; promover la diversidad y sensibilización, y prevenir y detectar la discriminación; así como acompañar, incluir, proteger, reparar y preservar la memoria de las personas del colectivo. A lo largo de 160 páginas se proponen casi 300 medidas que deberán ser consensuadas con los gobiernos regionales.
Entre las propuestas, se incluye el desarrollo de una respuesta específica a las falsas terapias de conversión, actualmente prohibidas y sancionadas administrativamente. La estrategia busca mejorar la colaboración entre fiscalías y entidades para abordar los delitos de odio, además de fomentar la formación y sensibilización en el ámbito de la justicia respecto a las personas LGTBI+.
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Asimismo, promueve un Pacto de Estado contra los discursos de odio, solicita modificaciones en el Registro Civil para reflejar mejor la realidad del colectivo, y alienta el uso de lenguaje inclusivo en la administración.
En cuanto a las víctimas de lgtbifobia, se busca mejorar su atención mediante la coordinación de servicios de diferentes niveles. Se proponen diversas medidas de apoyo para colectivos vulnerables como refugiados, presos o personas sin hogar. También se considera estudiar la violencia en parejas del mismo sexo, así como desarrollar programas de salud mental, enfocándose especialmente en la prevención del suicidio. Según un informe de 2023, el 32,1% de las personas LGTBIQ+ ha intentado suicidarse o ha tenido pensamientos suicidas, en comparación con el 14,5% de la población general, lo que subraya la necesidad de formar a los profesionales del área.
Otro pilar fundamental es la creación de redes y espacios de convivencia para la comunidad LGTBI+ en áreas urbanas y rurales, así como la promoción de actividades de ocio inclusivo para jóvenes y personas mayores. Se impulsa la recuperación de la memoria histórica LGTBI+ a través de archivos y eventos conmemorativos, además de proponer una educación sexual integral en todos los niveles educativos, que contemple la formación de los docentes y el desarrollo de materiales didácticos adecuados.
Interseccionalidad
El texto aboga por integrar una visión transversal en el desarrollo de medidas, que contemple la superposición de discriminaciones, como ser migrante o tener una discapacidad, además de formar parte del colectivo LGTBI+. Asimismo, propone acciones de formación y sensibilización para periodistas e influencers, y sugiere la creación de un código deontológico para la publicidad que evite prejuicios y estereotipos. En el ámbito digital, se demandan acciones para identificar y prevenir discursos de odio en colaboración con plataformas digitales.
Existen también propuestas enfocadas en el ámbito de la salud, el trabajo y el deporte. En este último, se plantea fomentar la inclusión y el deporte mixto, así como la visibilización de personas trans e intersex. En el contexto internacional, se busca promover la cooperación para proteger derechos a nivel global, consolidando a España como líder en la defensa de estos derechos.
Rendición de cuentas
La estrategia incluye un sistema de seguimiento basado en la rendición de cuentas para evaluar los progresos, aplicando indicadores cuantitativos y cualitativos para generar un conocimiento sistemático sobre su desarrollo.
Dicha evaluación se basará en criterios como la realización (análisis del desempeño, ejecución y presupuesto), eficacia (logro de objetivos y metas), eficiencia (relación entre recursos utilizados y resultados), y análisis de resultados en la realidad social. Se contempla una partida presupuestaria del ministerio, con aportaciones adicionales de las Comunidades Autónomas.
El debate sobre el desarrollo final de la estrategia con los gobiernos autonómicos puede resultar complicado. El Partido Popular tiene el control en 10 comunidades, al igual que en las dos ciudades autónomas, y muchos de estos gobiernos han mostrado oposición a la Ley trans.
