Comienzan las negociaciones en el Gobierno para el protocolo LGTBI de las empresas

¡El cambio está en marcha! El Gobierno se está poniendo manos a la obra para definir el protocolo LGTBI que todas las empresas deberán seguir por ley en tan solo 15 días. ¿Qué implica esto? Bueno, básicamente, si algún empresario tiene la desafortunada idea de discriminar a alguien por su orientación sexual o identidad de género, se encontrará con multas que podrían alcanzar los 150.000 euros, ¡sí, has leído bien!, además del cierre obligatorio de su negocio por tres largos años.

Todo esto proviene de la Ley Trans, una normativa aprobada el pasado 28 de febrero que busca promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI y trans. En su texto se establece que todas las empresas con más de 50 empleados deben contar con un protocolo de actuación en un plazo de un año para garantizar la igualdad en el trabajo para estos colectivos. Pero, hasta ahora, el Gobierno no ha especificado qué debe contener exactamente este protocolo, ¡vaya lío!

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Después de casi un año desde la aprobación de la ley y con la fecha límite a la vuelta de la esquina, el Gobierno finalmente se ha puesto las pilas convocando a los representantes de los trabajadores y las empresas para negociar los detalles de este protocolo. Sin embargo, ¿dónde estaba todo este tiempo? Según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, el retraso se debe a las elecciones del año pasado. ¿Será cierto?

En fin, en esta reunión, los sindicatos llegaron preparados con un borrador de propuesta, mientras que las asociaciones empresariales prometieron enviar las suyas en los próximos días. Se espera que una vez que todas las partes hayan dado su opinión, el Gobierno pueda avanzar en un acuerdo que sirva de base para desarrollar el reglamento lo más rápido posible. Aunque, siendo realistas, ni aunque tuvieran un plan perfecto podrían cumplir con todos los trámites burocráticos a tiempo.

En cuanto a las sanciones, aún están en el aire. La ley establece una serie de infracciones, pero todavía no se han definido las multas específicas. Desde pequeñas multas por expresiones ofensivas hasta cierres de empresas por discriminación grave, parece que el Gobierno no se anda con juegos cuando se trata de igualdad y respeto.

Para resumir, la entrada en vigor de esta ley está generando nerviosismo entre muchas empresas, especialmente las más pequeñas. ¿Qué significa esto para ellas? Más papeleo y responsabilidades. A partir del 2 de marzo, deberán tener un plan claro para garantizar la igualdad de las personas LGTBI en el trabajo, pero aún no saben exactamente qué se espera de ellos. En resumen, ¡cambios a la vista!