El Gobierno cerca aún más los vientres de alquiler: los bebés ya no podrán ser inscritos en consulados
Los vientres de alquiler son una práctica ilegal en España desde 2006, cuando entró en vigor la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida; además, desde la reforma de la ley del aborto de 2022, se considera una forma de violencia contra las mujeres. Aunque ciudadanos españoles viajan cada año a países donde esta práctica no es ilegal, el Gobierno ha decidido cerrar algunas grietas administrativas que permitían inscribir a los bebés nacidos de estas gestaciones. A partir de ahora, ningún certificado extranjero ni declaración de autoridades judiciales de otros países se admitirá en el Registro Civil español, incluidos los consulados, para inscribir a un bebé nacido mediante vientres de alquiler, sin excepciones.
En 2021, se registraron más de 3.200 niños nacidos mediante esta práctica en registros consulares, y en 2024 la cifra en el Registro Civil de España es de 154. Normalmente, una vez que la madre biológica da a luz, se solicita la inscripción en el Registro Civil español con la filiación derivada del contrato celebrado en el país extranjero. Sin embargo, el panorama judicial cambió cuando el Tribunal Supremo rechazó regularizar a niños nacidos a través de vientres de alquiler, indicando que esta práctica atenta contra la integridad moral de la mujer gestante y del niño, y constituye explotación de las madres.
A partir de ahora, al llegar a España, se deberá iniciar un proceso judicial para determinar la filiación, ya que se considerarán los medios ordinarios previstos en el ordenamiento español. Esta decisión es parte del esfuerzo del Gobierno por erradicar una práctica que lleva casi 20 años cuestionándose en el país.
Israel suprime finalmente la prohibición de los vientres de alquiler
Italia prohíbe "monstruosamente" que las parejas viajen al extranjero para gestar vientres de alquiler
La instrucción detalla en su último punto que la única opción posible es que los solicitantes obtengan un pasaporte y permisos locales para que los menores puedan viajar a España, donde se llevará a cabo la determinación de la filiación.
El uso de vientres de alquiler ha generado un intenso debate político y social, enfrentándose a legislaciones y posturas variadas en distintos países, así como entre sectores del feminismo y de la comunidad LGTBIQ+. Desde el feminismo, se advierte que ser padres no es un derecho, sino un deseo, y que esta práctica representa otra forma de explotación reproductiva. La instrucción del Gobierno es ahora una nueva herramienta legislativa, quedando a la espera de saber si los vientres de alquiler se incluirán en la futura ley de trata en revisión.
