Portugal criminaliza las terapias de conversi贸n forzadas a personas LGTBI+
En un paso significativo hacia la protección de los derechos de la comunidad LGTB+, el Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ha promulgado un decreto que prohíbe las terapias de conversión forzadas en el país. Esta decisión, anunciada el pasado sábado, marca un hito al castigar estas prácticas con penas de cárcel y multas, buscando erradicar una forma de discriminación que ha afectado a muchas personas.
El decreto, impulsado por el jefe de Estado luso, establece sanciones severas para aquellos que sometan a otras personas a terapias de conversión. Incluye penas de hasta 3 años de prisión o multas, abarcando prácticas médicas, psicoterapéuticas y de comportamiento. En casos de "modificaciones irreversibles" en el cuerpo, la condena puede extenderse hasta cinco años de cárcel, y los condenados pueden enfrentar restricciones profesionales y legales, especialmente en actividades que involucren el contacto con menores.
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La legislación también considera la posibilidad de prohibir a los condenados tener a su cargo a menores, afectando situaciones como adopciones, tutelas y acogimientos familiares. La gravedad de las penas se incrementa en casos de perpetradores múltiples, víctimas menores de edad o individuos particularmente vulnerables. Es un mensaje claro: la sociedad portuguesa rechaza estas prácticas y está decidida a proteger a su comunidad LGTB+.
El Parlamento portugués respaldó unánimemente este decreto en diciembre pasado, con el apoyo de partidos como el Partido Socialista, Iniciativa Liberal, el Partido Comunista y otros, mientras que el Partido Social Demócrata y el ultraderechista Chega expresaron su oposición.
La criminalización de las terapias de conversión en Portugal es un paso trascendental hacia la igualdad y la protección de los derechos humanos. Este decreto no solo busca sancionar prácticas perjudiciales, sino también enviar un mensaje claro de que la diversidad y la inclusión son valores fundamentales en la sociedad portuguesa. Un año después de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno realizará un estudio para evaluar su impacto, reafirmando el compromiso del país con el progreso y la justicia.
