Ayuso acaba con los derechos de las leyes trans
Isabel Díaz Ayuso está impulsando una reforma urgente de las leyes relacionadas con los derechos trans y la lucha contra la LGTBIfobia en la región. Este proceso se está llevando a cabo en la Asamblea madrileña, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, facilitando la tramitación rápida de estas propuestas. La iniciativa responde a una solicitud reiterada de Vox desde 2019, añadiendo un componente político controvertido a la situación.
Las reformas propuestas traen consigo una serie de cambios significativos en la normativa existente. Entre ellos, destaca que los menores trans de la Comunidad de Madrid solo podrán iniciar su tratamiento después de ser examinados por un pediatra y haber sido atendidos por un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo o psiquiatra. Además, se requerirá un informe médico favorable, considerado "imprescindible" en casos donde el menor presente dos o más enfermedades o trastornos mentales simultáneos.
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Otras modificaciones incluyen la eliminación de la inversión de la carga de la prueba, que obliga al acusado de discriminación a demostrar su inocencia. Asimismo, se derogarán derechos como el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, el libre desarrollo de la personalidad y el tratamiento de acuerdo con la identidad de género. En el ámbito educativo, se diluirá el reconocimiento del colectivo trans en centros educativos y la administración, y desaparecerá el código sancionador específico para infracciones que vulneren los derechos de personas trans e intersexuales.
Estas reformas han generado críticas vehementes por parte de diversos sectores. La líder de la oposición, Mónica García, ha acusado a Ayuso de "allanar el terreno a comportamientos violentos" y de "patologizar" a las personas trans. La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha calificado la agenda de Ayuso como "reaccionaria" y le ha recordado la obligación de cumplir con la ley estatal en materia de derechos LGTBQ+. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, ha reafirmado el compromiso con los derechos y libertades LGTBQ+ a nivel nacional.
Desde el PSOE, Santiago Rivero ha denunciado un "ataque a los derechos LGTBI" y ha expresado la determinación de oponerse a estas reformas. Por su parte, el PP ha argumentado que el objetivo es proporcionar "mayor claridad y seguridad jurídica", eliminando aspectos que consideran conflictivos, como la inversión de la carga de prueba.
El proceso de reforma legislativa en Madrid, impulsado por el PP y solicitado por Vox, refleja tensiones políticas y sociales en torno a la protección de derechos y la diversidad. Las críticas han destacado la preocupación por un posible retroceso en los avances logrados en términos de igualdad y no discriminación. El desenlace de este debate tendrá consecuencias importantes en la percepción de las políticas inclusivas en la Comunidad de Madrid y puede influir en discusiones similares a nivel nacional.
